CU de la US
Luis Miguel Villar Angulo

Errantes perspectivas universitarias

Leyes tortuosas reflectoras de luces y sombras.

Lentamente la LOSU había recorrido sus dominios parlamentarios, donde el aplauso y el silencio aparentaban la renovación de un cuerpo de ley que cumplía 21 años (LOU, 2001). Una LOSU que movía sus alas ideológicas para los próximos 20 años dedicando el 1 por ciento del Producto Interior Bruto. Ante las sombras indecisas de los cambios sociales, económicos, tecnológicos y del conjunto de conocimiento que hacían temblar el edificio institucional universitario, la LOSU quería hallar el golpe de luz que sacudiera la universidad de sus pretéritos recuerdos. Un vidrio político denso pretendía discernir la esencia de la pluralidad y diversidad del sistema universitario y despertar formas de color europeo en un cuerpo institucional de insomnio maquinal. Tercamente los fondos europeos Next Generation reclamaban al gobierno español un soplo encarnado de desvivirse lleno de talento.

En un reflejo duro y con prisa, la novísima ley insinuaba el fortalecimiento presupuestario que se había olvidado con tristeza desde 2009. Un compromiso reglamentario que se podía convertir en grisalla de papel cuando se aprobasen presupuestos económicos y se encendiera el agua de la minoración del gasto público. Un reflejo de la diversidad estaría formado por la fijación de precios públicos de las matriculaciones estudiantiles a cuenta de las comunidades autónomas (CCAA), frente a la simétrica actuación de costes máximos de las matrículas de la Conferencia General de Política Universitaria.

La nueva idea de cambio climático pretendía devolver la imagen de una universidad que abanderaba su mitigación incorporando flores luminosas tranquilizantes en la sostenibilidad y movilidad, y que despertaba una mirada eficiente a las energías renovables.

Los derechos de los estudiantes se habían escrito con galantería. En el papel del BOE se percibía cierto fulgor cuando se leía la compatibilidad de la participación estudiantil en actividades e iniciativas educativas, sociales y políticas. Asimismo, sonreía en los oídos de la diversidad la accesibilidad de los estudiantes con discapacidad. Esta medida sonaba como un latido al alba de la inclusión en las aulas y centros superiores y al crepúsculo de la segregación, cada vez más extraño.

En plena mar de derechos, las universidades privadas izaban sus velas de defensoría. Era una irradiación generalizada de derechos y libertades para todos los miembros de la comunidad universitaria. Una protección ante hipotéticas amenazas o desconocimientos de derechos.   

Hacia lo lejos, el carácter popular de una balada se aplicaba a democratizar la formación permanente de profesionales sin titulación universitaria, y hacia lo cercano de la autonomía universitaria, se abría con aire frívolo el acceso del profesorado permanente doctor a tiempo completo a la candidatura de la figura rectoral. Desde el sueño de la participación democrática para la elección de rector o rectora los elegibles eran y son miembros de la corporación. Un destino corporativista poderoso, ampliado a una clase profesoral de contorno ligero. Las ramas de la crítica se habían abierto vibrantes, al menos desde la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) que advertían la deriva de las propuestas de unos ministros (Castells y Subirats) a favor de las ondas de los campus de Cataluña.

La tristeza errabunda del profesorado asociado dejaba de ser un río en olvido para recitar la cantilena antigua de planes plurianuales de plantillas docentes en el articulado de la ley. Se caminaba de puntillas por la acera de la identidad precaria del profesorado reduciendo la temporalidad del 40% al 8% y se transitaba por la lógica económica de servicios de calidad.

En la ley se alumbraba la meta de la figura de profesor ayudante doctor. Como un viento a lo largo de la noche, el estatus del profesorado había cambiado de la LRU (1983) a la LOU (2001) y ésta había creado la figura del profesorado sustituto interino, barato y de alta vulnerabilidad. De forma palpitante había surgido la necesidad de un Estatuto del Personal Docente e Investigador que el tiempo había convertido en un bulto prodigioso lleno de aire, líquido u otro material. En fin, era un saquito de palabras bienintencionadas que nunca acababa de cuajar en un ordenamiento actualizado de obligaciones. Ya era tarde. Mientras, el Estatuto del Estudiante Universitario (2011) había entrado en vigor en la palestra universitaria como un silencio cauto.

La autogestión universitaria diseñada en la LRU había sido la luz soñada de la participación testimonial de la sociedad a través de los Consejos Sociales. Pero los tejados de la innovación universitaria que estos reclamaban debían estar constelados de resultados de transferencia de conocimiento. Sin una sociedad que instara encarecidamente a las universidades a emprender investigaciones en colaboración con la industria y proyectos especiales con universidades extranjeras, se abrazaba la sombra del corporativismo. Y así había sido la esperanza que todavía dormía entre la irritación unánime.

La internacionalización universitaria se iba a convertir en un importante motor para las universidades. La atracción comunitaria ante el sentido del proyecto “Universidades Europeas” de la comisión europea creado en 2017 había iniciado su andadura de las alianzas de centros universitarios. Conocedor de los dos roles de universidad coordinadora y universidad socia en alianzas de 2022, había sentido el fluir de la movilidad estudiantil, la comprensión de la diversidad, la metodología de investigación comparada y la formación a distancia, al tiempo que la gestión del gasto ocupaba un papeleo que torcía la llama del conocimiento en hastío. 

Opiniones desertoras de la ley.

La inversión en talento requería una universidad dotada de buena gobernanza, capacidad de gestión y financiación. Las ansias tercas de autogestión distaban de los requerimientos de una sociedad necesitada de transparencia y rendimiento de cuentas en todos los modos de financiación universitaria. Frente a la endogamia de grupos universitarios que rechazaban la inclusión de miembros ajenos a la institución en la gobernanza, se abogaba por la meritocracia y el compromiso recíproco entre academia y sociedad. De hecho, el rector defendía el recinto de su firma para la autorización de ingresos, gastos y fiscalización, sin otros sellos de rendimiento de cuentas. 

Se traía como ejemplo un debate irrefutable: las clasificaciones de las universidades. Todas las universidades aspiraban a mantener un alto nivel de credibilidad e influencia en el sector de la enseñanza superior. Según un conjunto uniforme de criterios evaluativos, existía una diferencia en las posiciones de los rankings de las universidades españolas cuando se puntuaba la investigación científica (11º) y se evaluaba la transferencia de conocimiento (30º). (La primera convocatoria de sexenios de transferencia del conocimiento de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Científica había ocurrido en 2018). La discrepancia entre ambas perspectivas daba visos de pena. La sinergia entre la creación de conocimiento universitario y la organización empresarial acrecentaba la sombra de vida inerte en la sociedad.

Diversos documentos de expertos universitarios habían salpicado el terreno patrio. Con palabras blandas, el Informe Universidad 2000 había hecho hincapié en la participación universitaria de diferentes colectivos interesados, como las familias (que abonaban las matriculaciones de los estudiantes), agentes y organizaciones sociales y económicas, que coadyuvaban con sus servicios y prestaciones al funcionamiento institucional, e indefectiblemente las administraciones públicas.

Los tiempos de los Consejos Sociales de la LRU y la LOSU no eran idénticos. Cierto. Pero las funciones de supervisión y aprobación de los presupuestos de cada centro y la oferta académica de la LRU había quedado postrada en la LOSU al adueñarse el Consejo de Gobierno Universitario de la función supervisora. Más aún. En un nuevo arrebato político de 2021, los órganos competentes de las Comunidades Autónomas o de la Administración General del Estado supervisaban y controlaban las memorias comprensivas de las actividades docentes e investigadoras de las universidades y centros universitarios, al tiempo que los parlamentos autonómicos nombraban a los miembros de los Consejos Sociales. Se adueñaba la indolencia de ánimo de los Consejos Sociales como organismo cada vez más débil. Así era difícil que se cumpliera la tercera misión de la universidad y que resplandeciera el sector productivo donde el talento tocaba la ladera oculta del conocimiento inmenso. Las protestas de algunos grupos políticos y sindicales sobre el protagonismo de las CCAA y la falta de acreditación estatal de centros y titulaciones habían enturbiado el debate parlamentario. Por las venas de la LOSU flotaban cabellos lingüísticos e identitarios que aflorarían en algunas CCAA.

Entre el zumo de reformas para la formación de la juventud y la generación de nuevas ideas y conocimiento o entre las estrellas de mejora de la universidad dirigidas al servicio de la sociedad y no de sí misma, las Propuestas de 2013 para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español habían sido un tacto ideológico derramado. Habían dejado la LRU y la LOU en la lejanía. Sin embargo, este nuevo documento había quedado en el silencio. Un olvido que era papel carbón en el horizonte y no llama que inflamara el empleo.

Un viaje por la lisura del horizonte.

Siete virtudes eran imprescindibles para Rolf Tarrach en su artículo ¿Mejorará la nueva Ley las universidades españolas? Tristemente, no (El Mundo, 13/12/2022): “conocimiento, meritocracia, profesionalización, apertura, movilidad internacional, solidez intelectual y servicio a la sociedad”. Como un árbol en la sombra había segregado su voz prestigiosa con una respuesta de niebla radiante que enfriaba el paisaje universitario.

Otras voces (Confederación de Sociedades Científicas de España, COSCE) habían establecido hasta 13 medidas concretas en el informe DECIDES (2016). En vano resplandecían expresiones como la captación y retención del talento o la tasación del impacto de los resultados de la investigación. Revuelo de propuestas sin brío de implantación. Otra vez el espacio sombrío.

Faltaban nuevos rizos prodigiosos en el juego de siglas. El documento COSCE-SECIDES 2020 pretendía despejar la fronda oscura del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) por medio de una nueva maniobra: la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación (EECTI) empeñada en alianzas con la Agenda 2030 y con los programas europeos. Una nueva y fecunda actividad a la alacena de un despacho.

Alejado del sobresalto del debate político sobre la universidad; adormecido por la atmósfera de informes con esplendorosas recomendaciones incumplidas, aguzado por el mercado laboral español para vislumbrar puestos de trabajo sin cubrir, acudía a la estadística del instituto Nacional de Empleo (INE). Los puestos vacantes marcaban el elevado monte de 145.053 (Expansión, 10/12/2022).

Con un ágil escorzo, me había detenido en algunos perfiles profesionales demandados por las empresas para conocer la sincronía entre formación y empleo. Había seleccionado el ámbito directivo porque los perfiles no se habían esquivado en documentos ministeriales. Me refería a resiliencia, influencia, digitalización, adaptación y agente de cambio.

La resiliencia se había convertido en un término general que abarcaba muchos aspectos de la superación de la adversidad y de la adaptación al entorno. Traducido a la organización universitaria, la resiliencia era el único plan estratégico de sostenibilidad; un torbellino que sostenía el cambio mediante habilidades de flexibilidad, vitalidad y adaptación.

La cultura universitaria tras la implantación de la LRU y la LOU probablemente colisionará con el cambio que pretende establecer la LOSU. La influencia cultural no provendrá del liderazgo institucional con sus tradiciones, valores compartidos, ideologías o principios de las personas que trabajan en la universidad sino de los acuerdos parlamentarios y gobiernos de las CCAA, de signo político diverso. La fuga de la cultura colegiada al boscaje de la supervisión política impedirá volar con tanta rama interpuesta.

Las tecnologías digitales habían iniciado el rompimiento de la clausura del aula con la enseñanza electrónica que era requisito previo al aprendizaje autónomo del estudiante con apoyo de recursos electrónicos, más allá de la subordinación al poder de Wikipedia y Google. El aire de la umbría digital tornará claro cuando la alfabetización digital llegue a profesores y estudiantes como una riqueza subsumida.

Transitada esta media luz de reflexiones para levantar la arquitectura de una universidad competitiva, alineaba la rama espesa del talento integrado en el trabajo entretejido de estrategias organizativas.

Y que la corriente universitaria fluya con su rumor discursivo errante.

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Luis Miguel Villar Angulo