Apoyo financiero errático a las universidades

Apoyo financiero errático a las universidades.

«Interior metafísico con taller y vista sobre la plaza» (De Chirico, 1940)

Repaso el apoyo financiero errático a las universidades; y al evocarlo, presiento que las fuentes monetarias de las universidades son una tradición presupuestaria de procesos irreductibles, o más bien, una substancia pecuniaria rutinaria y polémica.

Las matriculaciones principian el coste de un puesto universitario, pero no lo cubren; la filantropía de grandes empresas acaricia el armazón monetario en investigación y Desarrollo (I+D) con indicios escasamente percibidos y los gobiernos autonómicos, endeudados, tasan los presupuestos con promesas y los ejecutan con retrasos.

Durante bastantes años el cambio presupuestario en los centros universitarios de nuestro país ha ido girando en torno a una transformación repetida y conocida: incremento sutil de presupuestos, aumento insustancial de gastos de inversión o apropiaciones, crecimiento voluminoso de matriculaciones, promoción perspicaz de la calidad y estancamiento en la progresión de actividades I+D. El apoyo financiero a las universidades desciende; al decrecer, mengua la calidad en la docencia y la investigación claudica.

Pensaba en la insatisfacción que me produce, como si fuera un correctivo, el número de publicaciones científicas, artículos, reseñas y ponencias de las universidades españolas en 2014 que fue más pequeño que en los dos años precedentes. Nos situaba la noticia en el alarmante nivel de 2011, según los datos y cifras del Sistema Universitario Español de 2015-2016. Representaba un regreso – la perenne realidad española – al quinto puesto en producción científica respecto a Europa occidental en 2014, y un retorno al 3% respecto a la producción mundial.

Teníamos tres sectores de ejecución del gasto en actividades de I+D (Empresas, Educación Superior y Administración Pública) que redujeron la aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros en 2014, siendo marginal el porcentaje sobrante (0,2%) que recayó en el sector de las Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro (IPSFL), según los resultados definitivos del Instituto Nacional de Estadística (Estadística sobre Actividades en I+D del Año 2014).

Será preciso que las universidades aprendan a vivir con irrisorias inversiones, como frutales en prolongados periodos de sequía. El informe de la Fundación Cotec para la Innovación de 2017 indicaba que la implicación del sector privado en la financiación I+D era inferior respecto a otros países desarrollados. Y las tasas de inversión, frente a mí, seguían mudas, sin impulsos que redundaran en la mejora de la competitividad investigadora.

España tenía el ánimo fruncido. Invertía un 10% menos en I+D desde el inicio de la crisis económica, frente al conjunto de la Unión Europea que había aumentado un 25%. No había sido capaz de estirar los pliegues financieros y las costuras inversoras de 2008.

Retraídas las fuentes pecuniarias, encochados los apoyos financieros, ¿exploraban las universidades públicas y privadas nuevos ingresos corrientes y actividades productivas, aparte de los fondos estatales y especiales, las matriculaciones o las donaciones que las sacasen de ese empobrecimiento docente e investigador?

Esas cuestiones mantenían una inefable cadencia en la producción científica, entretenían la impensable previsión de mejora institucional y distraían la indecible reducción de los programas de investigación I+D.

Decaídas las fuentes monetarias tradicionales afectadas por la crisis, ¿se podrían abrir nuevos grifos y aportes de financiación, tales como la contratación y venta de servicios especiales, nuevas tarifas obligatorias para estudiantes que cursaran programas especiales, la explotación de licencias y patentes, las aportaciones de servicios prestados en hospitales, actividades de extensión y de producción, etcétera, que generasen ingresos producidos por cada una de las fuentes señaladas?

Defraudada la nación por las cédulas de mérito expedidas, el número de solicitudes de patentes en la Oficina Española de Patentes y Marcas en 2014 era el 80% de las solicitudes de 2008. Ante esas cifras de invención, pocos derechos se derivaban a las universidades.

En el marco del Tratado de la OMPI de Cooperación en materia de Patentes (PCT) en 2016 los países habían presentado 233.000 solicitudes para proteger sus innovaciones prioritariamente del campo de las comunicaciones digitales y de la tecnología informática que parecían sectores infinitos de crecimiento. En una curva discreta de crecimiento, la Universidad de Sevilla había solicitado 22 patentes en base a resultados de investigación en 2017.

Obstáculos y oportunidades de explotación financiera de las universidades

Dirigida la mirada al presente ambiente socioeconómico competitivo, visible y marcado por las tensiones del mercado, las instituciones públicas y privadas de educación superior de las diversas comunidades habían competido entre sí, además, por hacerse con fondos públicos del estado.

Además del obstáculo para la obtención de fondos privados y públicos en la educación superior, un área que podía facilitar potencialmente el negocio online era la creación de grandes cursos de educación a distancia de inscripción abierta. Los cursos abiertos a distancia (Massive Open Online Courses (MOOC) pretendían sumergirse en la educación superior porque ofrecían nuevos flujos de ingresos financieros para su crecimiento. El canal de comercio electrónico iba al alza: la competencia digital alentaba el nivel de las capacidades del personal y de las organizaciones de educación superior y de las empresas.

Otro apoyo financiero se derivaba de los programas de los postgrados ofertados por las universidades, aumentando los ingresos por matriculaciones, como hacían bastantes universidades en los campos aparentemente rentables de la administración, salud y educación: uno, reclutando estudiantes que estuvieran dispuestos a sufragar una parte mayor de la matrícula, con dinero obtenido a través de becas, préstamos o subvenciones externas; y dos, reduciendo los descuentos de las matrículas que cubrieran parcialmente la brecha entre los recursos propios de estudiantes y los costes de una matrícula real.

Junto a las matriculaciones como puerta regulatoria de acceso de estudiantes, los restantes actores de una institución universitaria podrían asumir nuevos retos que los diferenciaran: ofertando nuevas alternativas curriculares desde los departamentos; configurando sistemas de recompensas, más allá de los sexenios, a las áreas, departamentos y facultades que establecieran procedimientos de evaluación de resultados de aprendizaje que cumplieran con estándares de acreditación nacional; organizando reuniones que fomentaran nuevas ideas para distribuir incentivos monetarios adecuados y controlar los costos, la supervisión de la calidad de las prácticas, y el alineamiento de los programas con las metas institucionales; internacionalizando los campus de universidades y los recursos de capital por la cooperación internacional; fomentando garantías de asignación previsible de recursos de capital en tiempo fiscal y forma en el marco de una cultura empresarial, o proporcionando cursos y enseñanzas en horarios y lugares compatibles con los estilos de vida de estudiantes adultos.

Paralelamente, cuando dictaba estas opciones de alianzas internas, imaginaba el rumor lento del liderazgo institucional, transformacional, compartido, recorriendo como un hálito sordo todos los despachos para el cumplimiento de las metas institucionales. Había llegado la hora de apilar esfuerzos de una cesta de energías profesionales revueltas en campos académicos bien desplegados.

Parámetro para el apoyo financiero a las universidades

En cualquier caso, se tenían que usar nuevos parámetros de financiación estudiando modelos usados en otras universidades extranjeras. Uno de ellos ha sido acuñado bajo las siglas WRAP (Widening, Reality, Attaining, Preparing).

WRAP equivalía a modificar el proceso de toma de decisiones, incluidos ciertos principios del sistema presupuestal ensanchando la búsqueda de opciones de financiación con programas educativos de postgrado que no estuvieran acreditados; asumiendo una evaluación de la realidad socioeconómica aliándose con empresas en la búsqueda de nuevos certificados y credenciales de especialización laboral; ganando perspectiva sobre yacimientos de empleo y reestudiando la minería de datos del paro de mano de obra cualificada antes de decidir nuevas credenciales que posibiliten salidas profesionales, y preparándose para innovar cuando se cometan errores sobre la detección de necesidades de las personas adultas que entran en la universidad.

La transparencia y la eficiencia administrativa de los recursos financieros a las universidades estaban, además, afectando la calidad del emprendimiento de profesores e investigadores de alto rendimiento en ciertas áreas de conocimiento e investigación. ¿Habría que hacer algo? ¿Qué nuevas reflexiones tendríamos que hacer…?